Nota de Opinión:
Por Fernando Echevarría – Presidente de la Corporación Empresaria de Buenos Aires.
Hay momentos en que la indignación no alcanza como palabra. Hay momentos en que la bronca es tan legítima, tan profunda y tan fundada, que merece ser nombrada con todas las letras y sin eufemismos.
Hoy es uno de esos momentos.
Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina — el hombre que cada mañana salía a explicarle al país las virtudes del ajuste, del sacrificio compartido y de la responsabilidad fiscal — reconoció públicamente algo que en cualquier otra circunstancia hubiera sido titulado como escándalo de Estado: evadió impuestos durante años. Y como si eso fuera poco, omitió declarar en sus propias declaraciones juradas la existencia de quinientos mil dólares en ahorros. No cien. No doscientos. Medio millón de dólares que «se olvidó» de mencionar.
Y lo hizo público, casualidad de casualidades, justo cuando la justicia avanza en la investigación que lleva adelante contra él por presunto enriquecimiento ilícito cuando se presenta para acogerse a los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias del ARCA.
Que nadie le llame descuido. Eso tiene nombre en derecho, y ese nombre no es simpático.
El superávit sobre las espaldas de los que sí pagan.
Mientras esto ocurre, este mismo gobierno nos viene explicando, con la solemnidad de quien predica desde el púlpito, que el superávit fiscal es sagrado. Que es el ancla. Que es el logro. Que es la prueba de que «vamos bien.»
Pero, ¿sobre qué espaldas se construye ese superávit?.
Sobre las espaldas del empresario que paga religiosamente sus cargas patronales aunque el consumo interno se haya desplomado. Sobre las del trabajador que ve cómo su salario pierde mes a mes frente a una inflación que no cede. Sobre las del ciudadano que paga puntualmente la boleta de luz, de gas, de agua y de transporte — todas aumentadas exponencialmente por decisión de este mismo gobierno — para sostener una ecuación fiscal que, al parecer, no aplica para todos por igual.
Los despidos en el Estado. Los recortes en educación. Los recortes en salud. Los recortes en asistencia social. El cierre silencioso pero constante de empresas chicas y medianas que no aguantan la caída del consumo. El miedo —ese miedo real, concreto, cotidiano— que siente el trabajador cada mañana al llegar a su empleo sin saber si va a seguir siendo de él al mediodía.
Todo eso tiene un costo humano inconmensurable. Y se hace en nombre del mismo equilibrio fiscal que el Jefe de Gabinete no habría considerado necesario respetar cuando se trataba de sus propios impuestos.
Lo que le digo a mi gente cuando comentamos estos temas.
Sé que hay dirigentes empresariales y trabajadores que en este momento deben pararse frente a sus asociados, frente a sus colegas, frente a su gente, y encontrar palabras que contengan la bronca sin convertirla en parálisis.
No es fácil. Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro:
Que algunos de ellos hagan mal las cosas no nos da derecho a hacerlas igual.
Y no lo digo desde la ingenuidad ni desde la resignación. Lo digo desde la convicción más pragmática y más dura que existe en este contexto: el Estado nos está mirando a nosotros. A los que declaramos. A los que facturamos. A los que tenemos CUIT activo, empleados en blanco, libros contables abiertos. A nosotros nos ejecutan, nos inhiben, nos embargan. A nosotros nos aplican el peso completo de un sistema que, como quedó demostrado estos días, no pesa igual para todos.
Y entonces la pregunta que todos nos hacemos en voz baja hay que hacerla en voz alta:
¿Cómo le explico a mi asociado que tiene que seguir pagando impuestos que no puede pagar, en una recesión que no generó, mientras el funcionario que administra esos impuestos reconoce que los evadió por años y el gobierno lo respalda?
La respuesta, dolorosa como es, creo debe ser ésta:
Porque la alternativa es peor. Porque la evasión no es una salida para el empresario formal — es una trampa. Porque mientras el funcionario tiene a todo el aparato del Estado de su lado, nosotros somos los que financiamos ese aparato. Y en ese contexto asimétrico, la transgresión no nos libera: nos hunde.
Lo que sí podemos hacer — y debemos hacer — es declarar con exactitud lo que tenemos y lo que debemos, aunque la recesión nos haga imposible afrontar el pago en tiempo y forma. Declarar es protegerse. Declarar es tener herramientas para negociar planes, moratorias, quitas. No declarar es quedarle expuesto al mismo sistema que hoy demuestra tener una doble vara inaceptable.
La bronca como punto de partida, no de llegada.
La indignación que sentimos hoy —y que tenemos todo el derecho de sentir— no puede convertirse en el final del camino. Tiene que ser el combustible para exigir con más fuerza, para organizarnos mejor, para no bajar los brazos ante una dirigencia que nos pide sacrificios que, algunas personas que la compone, no habría estado dispuesta a hacer.
Y eso, como sociedad, no podemos ni debemos naturalizarlo.
nota-de-opinion-Adorni-1